Se pretende en este artículo analizar dos puntos clave de la reforma de la legislación canaria en materia de suelo, urbanismo, ordenación del territorio y recursos naturales, a raíz de la reciente aprobación de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
El primero es el de la competencia municipal para la aprobación definitiva de su planeamiento general, con todo lo que ello implica tanto en relación con el cambio de paradigma jurídico-urbanístico del control por la Administración superior (doble aprobación o procedimiento bifásico) frente a la autonomía local; como en relación con el concepto político-administrativo de la protección del interés general a una ordenación del territorio integrada, frente a una disgregación potencialmente arbitraria del espacio.
El segundo es el de la propuesta finalmente no asumida por la nueva norma, de tratar de equilibrar la balanza medioambiental, con una suerte de técnica de participación de la sociedad en el mantenimiento de los recursos naturales, enfocando una nueva concepción del concepto constitucional de participación en las plusvalías generadas por el desarrollo del suelo, hacia el sostenimiento o compensación de los recursos protegidos.
Intentaremos analizar no sólo el origen, implicaciones, legalidad, oportunidad de estos cambios normativos, sino también las repercusiones que posiblemente tendrán unos y podrían haber tenido otros, sobre el urbanismo y la ordenación del territorio y de los recursos naturales, en la comunidad canaria.
Palabras Clave: Urbanismo, Suelo, Ordenación del Territorio, Canarias, Descentralización, Medio Ambiente, Recursos Naturales.
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, Año 52 – nº 324 – 2018, págs 131-148